Con el acuerdo entre el Consejo Europeo y el Parlamento sobre la Directiva revisada 91/271 sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas, la Unión Europea marca un hito importante en la gestión sostenible del agua y la protección del medio ambiente. Su objetivo es reducir la carga contaminante vertida al medio ambiente, alinear la directiva con el Pacto Verde Europeo y establecer un marco de gobernanza sólido.

Este acuerdo refleja un compromiso renovado con la innovación, la responsabilidad y la sostenibilidad en el tratamiento del agua, abordando los desafíos contemporáneos del cambio climático, la contaminación y la escasez de recursos. «El acuerdo con el Parlamento nos sitúa en el camino correcto para alcanzar nuestro objetivo de contaminación cero para Europa», afirmó Alain Maron, ministro del Gobierno de la Región de Bruselas-Capital, responsable de cambio climático, medio ambiente, energía y democracia participativa.

Este cambio legislativo marca un avance significativo en la responsabilidad ambiental corporativa, alineando los intereses industriales con la preservación de los recursos naturales y la protección de la salud pública. Según las nuevas medidas, se eliminarán más nutrientes de las aguas residuales urbanas y se aplicarán nuevos estándares a los microcontaminantes, además de aplicarse a un número más amplio de áreas.

Así, el tratamiento de aguas residuales terciarias y cuaternarias, la Responsabilidad Ampliada del Productor y la neutralidad energética son los aspectos clave de esta directiva renovada, que marca una nueva fase en la gestión del agua a nivel europeo.

Tratamiento de aguas residuales

Así, para reducir las sustancias químicas y los contaminantes en el agua limpia, la nueva Directiva exigirá la eliminación de más nutrientes y microcontaminantes de las aguas residuales urbanas, en particular de los productos farmacéuticos y cosméticos tóxicos. Además, introducirá un seguimiento sistemático de los microplásticos en las entradas y salidas de las plantas depuradoras de aguas residuales urbanas, así como un seguimiento adicional de las PFAS, cuyo marco regulatorio a nivel global aún está en desarrollo.

Para ello, la Directiva revisada extiende a todas las aglomeraciones urbanas de 1.000 hab o más la obligación de aplicar un tratamiento secundario (eliminación de materia orgánica biodegradable) a las aguas residuales de aquí a 2035. Sin embargo, la novedad se centra en la armonización de umbrales y plazos para el tratamiento terciario (eliminación de nitrógeno y fósforo) y tratamiento cuaternario (eliminación de un amplio espectro de microcontaminantes), que se implementarán de aquí a 2039 y 2045, respectivamente, en grandes plantas de tratamiento de 150.000 hab y más, con objetivos intermedios en 2033 y 2036 para el tratamiento terciario y en 2033 y 2039 para tratamiento cuaternario.

Cabe señalar que la incorporación de tratamientos cuaternarios en la directiva subraya la importancia de lograr estándares de agua más limpia y segura, enfrentando los desafíos emergentes en materia de contaminación del agua.

Responsabilidad extendida del productor

La Responsabilidad Ampliada del Productor (REP) es un principio de gestión ambiental que extiende la responsabilidad de los fabricantes más allá de la producción para cubrir todo el ciclo de vida de los productos, incluido su eventual tratamiento y eliminación. Aunque se trata de un principio más centrado en el sector de los residuos, la nueva directiva ha sentado un precedente en la gestión medioambiental al exigir a las industrias farmacéutica y cosmética que financien una parte importante del tratamiento de las aguas residuales.

Así, en línea con el principio de «quien contamina paga», por primera vez las empresas farmacéuticas y cosméticas deberán pagar al menos el 80% del coste de eliminación de los microcontaminantes (tratamiento cuaternario), así como los costes de recogida y verificación y otros costos necesarios para el cumplimiento del EPR. Según Eduardo Orteu e Ignacio Álvarez Serrano, del despacho español Grupo de Sostenibilidad de Gómez Acebo & Pombo, esto implica «una inversión económica elevada para su implementación», sin embargo, existe flexibilidad en cuanto a cómo distribuir el resto de costes con financiación nacional a fin de evitar consecuencias no deseadas sobre la disponibilidad, asequibilidad y accesibilidad de productos vitales.

Con la aplicación de la EPR al tratamiento de aguas residuales se promueve una mayor colaboración entre industrias y entidades gestoras del agua, incentivando prácticas de producción más limpia y la reducción de contaminantes en origen, lo que facilita el tratamiento y mejora la calidad del agua.

Neutralidad energética

El sector del tratamiento de aguas residuales urbanas puede desempeñar un papel importante en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, por lo que la nueva directiva introduce un objetivo de neutralidad energética para estas instalaciones. Esto significa que en 2045 las plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas tendrán que producir energía a partir de fuentes renovables.

En este sentido, mediante la implementación de tecnologías innovadoras y prácticas sostenibles, se pretende que las plantas de tratamiento reduzcan significativamente su dependencia de los combustibles fósiles y su impacto ambiental. Este enfoque no sólo contribuye a la sostenibilidad ambiental, sino que también ofrece beneficios económicos a largo plazo al reducir los costos operativos y potencialmente generar ingresos a través de la venta de energía excedente.