La gestión del agua es un tema central y estratégico en Australia. En 2019, el país se enfrentó a una de las peores sequías de su historia, más nociva incluso en determinadas zonas que la Millenium Drought. A raíz de la Sequía del Milenio se cambió radicalmente la manera de gestionar los recursos hídricos de la nación y, tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales, impusieron restricciones en la utilización del agua, incorporaron cambios regulatorios y llevaron a cabo fuertes inversiones en el sector.

 

En este contexto, un buen número de empresas españolas supieron aprovechar la oportunidad y usar su know-how y primacía a nivel mundial para lograr la adjudicación de importantes contratos en tierras australianas, especialmente en el ámbito de la desalinización.

Desde principios del s. XXI, el gobierno federal ha asumido un papel cada vez más relevante en el sistema de regulación de la industria. Pero, por norma general, es el gobierno estatal/territorial el que establece las directrices políticas y decide las inversiones que se llevarán a cabo dentro de sus fronteras. Además, este establece los precios y los estándares medioambientales, de calidad y de salud a alcanzar por parte de los operadores del mercado.

Por lo que al entorno competitivo se refiere, la cuota de mercado para la actividad dedicada a la construcción de infraestructuras está poco concentrada: las cuatro empresas principales representan menos del 25 % de los ingresos totales y un buen número de participantes de pequeño tamaño trabaja en contratos menores de reparación y mejoras.

La principal forma de introducirse en el mercado australiano es a través de licitaciones. Cabe destacar que los proyectos de Partenariado Público Privado (PPP) son cada vez más comunes. Se ha de tener presente que la competencia en licitaciones es muy alta y que un aspecto esencial es el alcance de las capacidades. Por ello, las empresas suelen verse obligadas a presentar sus ofertas como consorcios o joint-ventures.

 

 

Fuente: ICEX