El Consejo de Ministros ha aprobado hace unos días un Real Decreto-ley a petición del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que contempla una inversión de 2.190 millones de euros para afrontar la sequía y aumentar la disponibilidad de recursos hídricos.
De esta cantidad, el MITECO aporta 1.400 millones para construir nuevas infraestructuras, como plantas desalinizadoras, duplicar la reutilización de aguas urbanas, y reducir los cánones y tarifas de las explotaciones agrarias afectadas.
Al respecto, la Demarcación del Segura recibirá 10 millones de euros en actuaciones que deben acometerse para poner en disposición de explotación la Batería Estratégica de Sondeos.
En este sentido, Confederación Hidrográfica del Segura ha avanzado la tramitación administrativa y medioambiental de la Batería Estratégica de Sondeos (BES) para poder activarla de forma inmediata en cuanto sea declarada la situación de sequía en la cuenca del Segura.
Por otro lado, el MITECO aportará 44 millones de euros a actuaciones que deben acometerse en los próximos años para incrementar la resiliencia de los sistemas de recursos hídricos a las situaciones de escasez. Entre los proyectos estaría el incremento de volúmenes procedentes de la reutilización en las EDAR de Torrevieja y Orihuela Costa.
El largo esfuerzo presupuestario realizado en plantas de desalinizadoras en la cuenca del Segura nos garantiza hacer frente a la presente sequía sin cortes del abastecimiento ligado a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.
Además, este RDL sirve de apoyo para el sector agrario y de preparación para los retos trascendentales que vienen a causa del cambio climático.
A la política de carácter estructural, de medio y largo plazo, destinada a mejorar la gestión y aumentar el volumen de los recursos hídricos disponibles y a proteger más los ecosistemas, el RDL refuerza esta línea de trabajo y aprueba varias actuaciones urgentes para afrontar la actual coyuntura de sequía, en el territorio nacional, con un impacto económico de 1.400 millones.