¿Qué es el principio de «quien contamina paga»?

El principio de «quien contamina paga» es uno de los principios rectores transversales del derecho ambiental y de las políticas ambientales en la Unión Europea. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas Europeo en su informe especial núm. 12/2021: «Principio de quien contamina paga: aplicación incoherente entre las políticas y acciones medioambientales de la UE «, explica cómo se aplica en las distintas políticas medioambientales de la UE, y que no se había completado su cobertura y aplicación.

La aplicación de este principio implica que el contaminador pague los costes de su contaminación, incluso los de las medidas adoptadas para prevenir, controlar y reparar la contaminación y los costes que supone para la sociedad. Obligándoles a asumir la responsabilidad por la contaminación que generan.

Cuando el causante debe sufragar los gastos de la contaminación, el precio de los bienes y servicios se aumenta para incluir estos costes.

Evolución

Desde su nacimiento en 1972, el alcance del principio de «quien contamina paga» se ha ampliado:

  1. En un principio se centraba exclusivamente en la prevención de la contaminación y el control de los costes.
  2. Después se amplió para incluir los costes de las medidas que las autoridades adoptaron para tratar la cuestión de las emisiones de agentes contaminantes.
  3. Una nueva ampliación del principio incluyó la responsabilidad medioambiental: quienes contaminan deberían pagar por el daño ambiental que han causado, independientemente de si la contaminación que ocasionó el daño estaba dentro de los límites autorizados por la ley o fuera accidental.

En la UE, el principio de «quien contamina paga» es uno de los ejes rectores de protección ambiental recogido en el artículo 191, apartado 2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) de 2007 que establece: «La política de la Unión en el ámbito del medio ambiente (…) se basará en los principios de cautela y de acción preventiva, en el principio de corrección de los atentados al medio ambiente, preferentemente en la fuente misma, y en el principio de quien contamina paga».

Sin embargo, los legisladores no están obligados por el principio a difundir políticas en la UE en ámbitos ambientales, incluso cuando éstas puedan tener un impacto ambiental significativo (como se da en la pesca o en la agricultura).

¿Cómo se aplica este principio y cuáles son sus instrumentos?

La Comisión Europea se encarga de elaborar propuestas de legislación ambiental que se basen en el principio de «quien contamina paga». Por su parte, los Estados miembros deben transponer, aplicar y ejecutar las directivas y reglamentos ambientales de la UE. Los legisladores de la UE y nacionales cuentan con diversos instrumentos para aplicar el principio de «quien contamina paga».

Ley de orden y control

  • Procedimientos de licencias.
  • Prohibiciones.
  • Valores límites de emisiones.
  • Órdenes y sanciones administrativas.

Instrumentos basados en el mercado

  • Subvenciones/tarifas de alimentación de residuos.
  • Impuestos, tasas, cargas.
  • Permisos y cuotas comerciables.
  • Normas de responsabilidad.

Métodos voluntarios

  • Acuerdos voluntarios.
  • Sistemas de gestión medioambiental (ISO 14001, EMAS).
  • Etiquetados (etiqueta ecológica, etiqueta energética).

Actos legislativos más relevantes en materia ambiental en los que se ha aplicado el principio de «quien contamina paga»

  • La Directiva 2010/75/UE sobre las emisiones industriales (prevención y control de la contaminación).
  • La Directiva 2008/98/UE sobre los residuos.
  • La Directiva marco sobre el agua 2000/60.
  • La Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas 91/271.
  • La Directiva sobre el agua potable 2020/2184.
  • Directiva sobre inundaciones 2007/60.
  • Directiva relativa a los pesticidas 2009/676.
  • Directiva sobre los nitratos 91/676.
  • Directiva sobre responsabilidad medioambiental (DRM) 2004/35.
  • Directiva SEVESO 2012/18 para las empresas que almacenan productos químicos.
  • Directiva 2009/147 relativa a la conservación de las aves silvestres.
  • Directiva 92/43/EEC relativa a los hábitats naturales.

Quienes contaminan no pagan todo el coste de la contaminación del agua  

  • Al establecer su política de precios del agua, los Estados miembros pueden tener en cuenta los efectos sociales, ambientales y económicos de recuperar el coste. De esta manera, tienen margen de decisión en cuanto a quién debe pagar, cuánto y por qué servicio. La sentencia C-525/12 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirmó que no es necesario que los Estados miembros apliquen el concepto de recuperación del coste a cualquier uso del agua.
  • En la UE, los usuarios pagan una media de alrededor del 70 % del coste del suministro de los servicios del agua, mientras que el sector público financia el 30 % restante. Existe importantes diferencias entre los Estados miembros. Los hogares de la UE suelen pagar la mayor parte del coste del suministro del agua y los servicios de saneamiento, aunque solo consuman el 10 % del agua.
  • El sector agrícola, el cual ejerce la mayor presión en los recursos de agua dulce renovable, es el que menos contribuye. Se estima que en Francia los gastos adicionales pagados por los hogares debido a la contaminación agrícola eran de hasta 494 euros por hogar en las localidades más afectadas.
  • Si bien en 2019, la Comisión observó que se habían realizado progresos con respecto a contaminantes específicos, para muchas empresas el precio del agua no cubre los costes que generan los contaminantes que liberan en el agua.
  • Es difícil aplicar el principio de la recuperación del coste a la contaminación procedente de fuentes difusas, ya que es difícil identificar quienes contaminan. No se suele gravar al sector agrícola por el tratamiento de las aguas residuales, ya que la mayor parte del agua que utiliza no va a parar al alcantarillado (por lo que no se trata).
  • En la UE, la contaminación de la agricultura difusa ocasionada por nitratos y pesticidas es la causa principal de que las aguas subterráneas no alcancen un buen estado químico. La contaminación por nitratos supone un importante riesgo para el futuro de los organismos de las aguas subterráneas.

Recomendaciones del Tribunal Europeo

Dadas todas las carencias, dificultades e irregularidades de la aplicación del principio de “quien contamina paga”, el Tribunal hace una serie de recomendaciones:

De aquí a finales de 2024: reforzar la integración del principio de «quien contamina paga» en la legislación ambiental.

  • Disminuyendo los límites de emisión para reducir más la contaminación residual.
  • Abordando el problema de la contaminación difusa del agua de todos los orígenes, incluso la agricultura.

De aquí a 2023: Considerar la posibilidad de reforzar la aplicación a través de la evaluación de la Directiva sobre responsabilidad medioambiental

  • Mejorar los criterios para definir los daños medioambientales a los que se debería aplicar la Directiva.
  • Hacer un mayor uso de instrumentos que proporcionen seguridad financiera.

De aquí a 2025: Que se impida que los fondos de la UE se utilicen para financiar proyectos cuya financiación debería correr a cargo de quien contamina

  • En calidad de supervisora, condicione el uso de los fondos de la UE para la limpieza de la contaminación a que se compruebe, en colaboración con los Estados miembros, que las autoridades competentes hayan tomado todas las medidas necesarias para imputar a los causantes la contaminación de la que son responsables;
  • Examinar las posibilidades de introducir cambios legislativos para exigir a los operadores el uso de seguridad financiera para riesgos medioambientales.

Fuente: Comisión Europea