Las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS) puede causar efectos adversos ante la salud y la contaminación. Esta situación, está impulsando a los legisladores estatales y federales a realizar actuaciones contra el uso y la propagación de estas sustancias químicas «eternas» que afectan al suministro de agua potable.

Según un nuevo informe de Bluefield Research, se prevé 6.150 millones de dólares de gasto en tecnología de recuperación del agua potable para esta década, impulsado por el aumento de las normativas y la financiación.

Se calcula que el gasto total anual en sistemas de tratamiento de PFAS pasará de 334,6 millones de dólares en 2022 a 1.100 millones en 2030. La previsión realizada por Estados, del informe PFAS: Drinking Water Treatment, Regulations, and Remediation Forecasts, 2022-2030, está muy influenciada por el alcance de la contaminación por PFAS dentro de las fronteras de cada Estado de EE.UU. y la creciente adopción de políticas estatales y federales.

«Sin lugar a dudas, los PFAS han pasado a la primera línea de las preocupaciones de las empresas de suministro de agua y del público en general», afirma Lauren Balsamo, analista de aguas municipales de Bluefield Research.

«Esta es la primera vez que se espera que el gobierno federal emita normas sobre PFAS, así como una financiación específica para abordar la remediación. Al mismo tiempo, los Estados siguen adoptando sus propias normas estrictas».

 

Avances del Gobierno federal de los Estados Unidos para afrontar los PFAS

En tan solo unos años, el Gobierno federal de los Estados Unidos ha dado pasos importantes para investigar y abordar la contaminación por PFAS en todo el país. Tal como se indica en la publicación de la hoja de ruta estratégica sobre PFAS de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) en octubre de 2021. La EPA está ya muy avanzada en el establecimiento de directrices sobre estas sustancias químicas, incluida la aplicación de los niveles máximos de contaminantes (MCL) en el agua potable para el otoño de 2023. Además, la recientemente Ley de Inversión en Infraestructura y Empleos de EE. UU (IIJA) que supone 55.000 millones de dólares de nueva inversión en el sector del agua, incluye 10.000 millones de dólares dedicados específicamente a abordar los PFAS y otros contaminantes emergentes.

 

Medidas de los propios Estados de EE.UU.

Ante la ausencia de directrices federales, los Estados de EE.UU. muy afectados, como Michigan, Nueva York y Nueva Jersey, ya han puesto en marcha sus propias políticas. Hasta la fecha, 44 estados han legislado una serie de mecanismos políticos para limitar la contaminación por PFAS en el agua potable. Estos esfuerzos incluyen niveles máximos de contaminantes en el agua potable (MCL), normas no vinculantes (es decir, niveles de advertencia para la salud). También incluye muestreo obligatorio del Estado de los sistemas de agua potable y, como mínimo, restricciones en la espuma de extinción de incendios.

Los 888 millones de dólares de gastos previstos en California (el más alto de todos los estados de EE.UU.) se deben al elevado número de lugares de contaminación. En referencia a las pruebas proactivas de la Junta Estatal del Agua para detectar la contaminación por PFAS y a un entorno normativo más rígido. Por otro lado, New Hampshire a pesar de su pequeño tamaño, se sitúa entre los 20 primeros estados en cuanto a gastos de reparación, con 59 millones de dólares, sobre todo debido a su entorno normativo más avanzado.

Algunas empresas de servicios públicos, sobre todo las más pequeñas, pueden verse incapaces de superar los obstáculos financieros, operativos y tecnológicos para cumplir los cambiantes requisitos de calidad del agua.

«Los sistemas públicos de abastecimiento de agua, incluidos  los inversores inmobiliarios, tendrán que realizar importantes inversiones para cumplir las normas actuales e inminentes», afirma Balsamo.

«Nuestro equipo está muy interesado en ver si las normas de calidad del agua que se avecinan acelerarán las adquisiciones de empresas de servicios públicos, especialmente porque los sistemas más pequeños se enfrentan a presiones financieras adicionales para hacer frente a los PFAS.»